El precio a pagar por la seguridad

2019-11-11 / OPINIÓN / Michelle Quintanilla

El mes pasado, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos(DHS, por sus siglas en inglés) anunció su intención de solicitar datos e información de los medios sociales utilizados por visitantes a Estados Unidos y todos los solicitantes de beneficios migratorios estadounidenses.  

DHS solicitará los correos electrónicos, todas las cuentas de redes sociales ylos identificadores utilizados,en los últimos 5 años, por medio de sus aplicaciones actualizadas.  Con esos datos, DHS revisará la información disponible públicamente, para determinar si la persona es un riesgo a la seguridad de Estados Unidos. 

Medidas similares ya han sido implementadas, en algunos trámites migratorios. Por medio de sus consulados, el Departamento de Estado actualmente solicita estos datos de los solicitantes de todas las visas, incluyendo visas de estudiante, de turista, inversionista, profesionista y de trabajador. Desde el junio pasado, el Departamento de Estado publicó que, por cuestión de seguridad interna, los formularios consulares de residencia y de visas de no-inmigrante habían sido modificados, con el propósito de solicitar información relacionada a identificadores de redes sociales. 

Estos cambios surgen a raíz de una orden ejecutiva de 2017, requiriendo la implementación de estándares de investigaciónmás profundos y de recopilación de informaciónde cada viajero, temporal o permanente, a los Estados Unidos. El gobernó estadounidense justifica esta medida como un mecanismo de protección ‎para sus ciudadanos, con la intención de reforzar el proceso de investigación de los solicitantes y confirmar la identidad de cada ingresante al país.

En los trámites con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, pro sus siglas en ingles), los cambios del Departamento de Seguridad Interna tomarán efecto a principios de 2020 y será la primera vez que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración requiera estos datos de los solicitantes de beneficios migratorios. La actualización afectará trámites con USCIS, incluyendo naturalización y asilo; programas de Aduanas y Protección Interna (CBP, por sus siglas en ingles), incluyendo 'visa waivers,' actualizaciones de visas y el programa de ESTA. 

Estas medidas han sido criticadas por ‎los defensores de derechos humanos, defensores de la privacidad y otros críticos, quienes argumentan que, además de causar retrasos en un sistema migratorio saturado, afectan la libertad de expresión, ya que, al saber que el gobierno‘nos está observando', uno automáticamente se auto-censura.  ¿Cierto? ¡Sí!

‎Vivimos en un mundo con preocupaciones y peligros no existentes hace 20 años.  Definitivamente queremos un país seguro y dependemos de nuestro gobierno para defender esa seguridad. El riesgo de ceder información privada a la autoridad es el posible abuso y desconocimiento del uso que se le dará a esa información, ya estando en manos del gobierno.  
La pregunta es: ¿Vale la pena el riesgo por la protección?

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